Manuel Aranda, delegado de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, una de las provincias en las que está más extendida la caza de la perdiz con reclamo en peligro de ser firme la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, argumenta en contra de lo que dicen los ecologistas que está modalidad, que sólo se practica en unos pocos cotos y está sometida a muchos controles, es perfectamente sostenible con el ciclo natural de la perdiz roja.
“El reclamo bien cazado es una caza muy difícil en la que se abaten muy pocas piezas”, subraya Aranda. De hecho esta temporada, en la que la climatología está siendo mala, apenas se está cazando (la veda de la perdiz con reclamo se levantó el 24 de enero y se puede cazar hasta el 6 de marzo).
Además Aranda, cuya organización junto a Aproca, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (están en plazo), cree que la Consejería de Agricultura les “en su momento no hizo las alegaciones correspondientes”, ante las pretensiones de los grupos ecologistas integrados en la Asociación Castellano-Manchega para la Defensa del Patrimonio Natural (Acmaden)-Ecologistas en Acción.
Sobre esta primera victoria de los conservacionistas, que confían en que esta sentencia marque un precedente en otras comunidades (ellos no quiere que se cace en época de reproducción de las aves), la Consejería de Agricultura no se ha pronunciado oficialmente, si bien el sector cinegético entiende que deben recurrir puesto que el recurso en lo Contencioso-Administrativo es contra su propia orden de caza y vedas de 2011 y el decreto 257/2011 que modifica el reglamento.
Aranda no es cazador de perdiz mediante el reclamo de un macho domesticado en la época de celo, pero considera que tanto Ciudad Real como Toledo y Albacete, “son la cuna del reclamo, una de las modalidades más antiguas de caza: esto no se puede prohibir”.
Sobre las sentencias que dan “parcialmente” -insiste el sector- la razón a los ecologistas, Aproca y la Federación de Caza difundieron ayer un comunicado en el que critican el fallo porque consideran que “se han tenido en cuenta informes y estudios realizados por los propios grupos ecologistas, absolutamente dirigidos y sin base científica, carentes de trabajo de campo y no actualizados”.
Y lamentan “que no se hayan tomado en consideración los desarrollados por equipos de investigación independientes y que fueron presentados en el proceso judicial por la Junta, Aproca y la Federación de Caza”.
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